¿Cuáles son los desafíos en la lucha contra la corrupción en Colombia?

1. Volver a posicionar la corrupción como prioridad en la agenda pública. La lucha contra la corrupción ha pasado a segundo plano, en un país cuya prioridad es vencer el conflicto armado. La corrupción no es percibida como el mal mayor y los colombianos no parecen percibir las conexiones y los efectos nefastos de este fenómeno sobre la efectividad y legitimidad de las instituciones, la equidad y la justicia social, el acceso a los derechos, la generación y distribución de riqueza, el fortalecimiento de la democracia, y sus propias vidas. La corrupción preocupa por los efectos que produce sobre la sociedad y la institucionalidad.

Las prácticas corruptas impiden lograr los objetivos deseados por el Estado y la sociedad, reducen y ponen en manos de unos pocos, los recursos disponibles para fines colectivos; distorsionan el proceso de decisiones a favor de intereses particulares; contamina el ambiente en el cual opera el sector privado; aumenta los costos de administración de bienes y servicios públicos y privados; debilita el respeto por la autoridad; deteriora la legitimidad de las instituciones y la confianza ciudadana, entre otros efectos nefastos.

2. Vencer el círculo perverso entre violencia, narcotráfico y delincuencia organizada como escenarios para corrupción. El narcotráfico y el fortalecimiento de los grupos armados ilegales como expresiones de la violencia, han conducido al debilitamiento de la gobernabilidad y han movido la frontera de la ética en el país. En consecuencia, han generado un escenario propicio para el auge de la corrupción, y a la vez se ha convertido en un obstáculo para combatirla. Los fenómenos de violencia, narcotráfico y grupos armados ilegales, unidos con la intensidad que los vive Colombia han presionado una mutación mucho más peligrosa de la corrupción: la captura y la reconfiguración cooptada del Estado.

3. Comprender y actuar con decisión y audacia para cerrar las puertas a la captura y la reconfiguración cooptada del Estado. La corrupción en Colombia ha evolucionado a formas más sofisticadas y complejas, los actores son más diversos, organizados y con frecuencia están vinculados a redes delincuenciales con objetivos de largo plazo que buscan afectar aspectos neurálgicos del Estado en sus distintos niveles y poderes. Sus objetivos son estructurales y ambiciosos pues van más allá de lo económico, para buscar la consolidación de poder político y territorial y legitimación social. Combatir este fenómeno creciente que produce efectos corrosivo sobre la sociedad colombiana en sus distintos ámbitos, requiere comprender cómo y dónde se manifiesta y diseñar reformas y medidas más complejas, profundas e integrales que las convencionalmente aplicadas a la lucha contra la corrupción.

4. Romper con la cultura del atajo y la ilegalidad. Algunos avances a favor de la transparencia y en contra de la corrupción, conviven con una cierta tolerancia social de parte de los colombianos a la corrupción. Con frecuencia, los comportamientos no éticos (legales o ilegales) siguen siendo vistos como actos de audacia y astucia. La cultura del atajo, entendida como la obtención de resultados mediante la utilización de métodos ilegales o no éticos sin considerar las consecuencias, tiende a prevalecer en distintos escenarios de la vida pública y privada de los colombianos. De otro lado, una proporción importante de la población justifica la corrupción en función de los fines perseguidos; desconfían de las actuaciones de sus conciudadanos y justifican sus comportamientos no éticos (legales o ilegales) en el inadecuado comportamiento de la mayoría.

5. Ser más estrictos en el cumplimiento de la legislación existente. Colombia ha ratificado Convenciones internacionales anti-corrupción y cuenta con un conjunto amplio y suficiente de lineamientos constitucionales, leyes y normas para avanzar en la lucha contra la corrupción. Si bien, es necesario afinar la legislación existente en algunos aspectos, la tarea inaplazable consiste ser más estrictos en su cumplimiento, y cerrar la brecha que tradicionalmente caracteriza el país, entre la existencia de normas y leyes y su poca aplicación en la práctica. Es necesario aplicar mayores sanciones al incumplimiento e incentivos positivos al cumplimiento efectivo.

6. Estimular una sociedad civil vibrante motivada por el cuidado a lo público. Los ciudadanos cada vez creen menos que es posible derrotar la corrupción. Esto genera un cierto desaliento de parte de los colombianos a exigir mayores compromisos y resultados de parte de los gobernantes y empresarios frente al combate a la corrupción. De otro lado, los ciudadanos si bien tienen una alta percepción de que la corrupción es extensa, no la consideran como uno de los problemas prioritarios que afecta sus vidas de manera directa y contundente, probablemente debido a que no establecen vínculos causales entre la gran corrupción e incluso la amenaza de captura del Estado, y los daños causados a sus vidas en particular o a los bienes y servicios a los cuales accede cada persona. Es necesario hacer esfuerzos orientados a crear conciencia colectiva sobre el impacto nefasto de la corrupción y rechazo social a este fenómeno. Así mismo, es esencial no ahorrar esfuerzos para incentivar la actuación de la sociedad civil organizada en torno al cuidado de lo público, en especial a través de los ejercicios de control social.

7. Los empresarios deben asumir un fuerte y claro liderazgo en la lucha contra la corrupción. El sector privado tiene el reto de asumir un papel protagónico en la búsqueda e implementación de soluciones individuales y colectivas. La condición básica de una empresa socialmente responsable es la conducción de sus negocios con principios éticos y de transparencia. Una forma concreta para que los empresarios asuman su corresponsabilidad en la lucha contra la corrupción, es la puesta en marcha de programas de ética organizacional al interior de sus empresas y extensivos a su cadena de valor, la implementación de esquemas de autorregulación para prevenir el soborno en la gestión empresarial y en particular la adopción de los Principios Empresariales contra el Soborno. El Estado a su vez, debe impulsar medidas para incentivar a que las empresas adopten y cumplan con estándares y prácticas de transparencia e integridad y de prevención del soborno, especialmente entre aquellas empresas que contratan con el Estado, así como limitar o eliminar la posibilidad de que estas últimas hagan contribuciones a las campañas electorales. Y los consumidores deben asumir una actitud responsable en sus prácticas de consumo, premiar las actuaciones éticas y responsables del empresariado y castigar las contrarias. Estas condiciones, impulsadas desde el entorno, pueden afectar notablemente la forma como se relacionan y hacen negocios las empresas, para avanzar hacia un cambio cultural voluntario que propenda por combatir y erradicar el soborno de las relaciones de negocio, con el concurso activo del empresariado, y el interés de un sector público dinámico y vigilante y un mercado que reconoce a las empresas que caminan en esta dirección.

8. Consolidar un sistema de pesos y contrapesos. Es necesario revertir en el país, la tendencia de concentración de poder en el ejecutivo y alcanzar un mayor equilibrio e independencia entre los Poderes, como condición indispensable para el adecuado funcionamiento de un sistema de integridad basado en pesos y contrapesos - donde cada actor vigila y es vigilado-. La lucha contra la corrupción en Colombia requiere que estos controles operen de forma efectiva y que la interacción entre los actores se ciña a reglas democráticas y transparentes.
En particular es esencial elevar la eficacia de los Órganos de Control y la Justicia para investigar y sancionar los hechos de corrupción. La lucha contra la corrupción en Colombia requiere que la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría actúen con eficacia, eficiencia y oportunidad en la prevención de riesgos de corrupción y en la investigación y sanción de los casos. Por su parte, el Consejo Nacional Electoral debe actuar con celeridad e independencia en el ejercicio de su labor de vigilar la actuación responsable de las organizaciones políticas y la transparencia en la financiación de partidos políticos y campañas electorales.

9. Sellar las fisuras de la institucionalidad estatal que expresan los escenarios de riesgo de corrupción en la gestión administrativa de las entidades del orden nacional, departamental y municipal. Si bien Colombia cuenta con una institucionalidad cada vez más sólida y transparente, ésta aún presenta fallas y debilidades en los terrenos de la visibilidad, el cumplimiento de las normas y la existencia de pesos y contrapesos, configuración que favorece la ocurrencia de hechos de corrupción. Estas fisuras si bien están presentes en toda la institucionalidad, tienen sus expresiones más agudas en el nivel territorial. Es urgente entonces equilibrar el desarrollo institucional del país, profundizar la descentralización tanto administrativa como política y, posicionar en ella la lucha contra la corrupción como una de las primeras tareas para el logro de la autonomía local.

10. Recuperar la legitimidad y confianza en la institucionalidad democrática y en la política. La falta de transparencia y rendición de cuentas de los sistemas políticos en Colombia ha llevado a que el Congreso de la República, las Asambleas Departamentales, los Consejos municipales y distritales y los partidos políticos no gocen de la confianza ciudadana y sean percibidos como los más proclives a la corrupción. Estos órganos son escenarios institucionales por excelencia de la democracia local, y en esta medida su falta de legitimidad, atenta contra la democracia. Es necesario impulsar en estos cuerpos mayor transparencia y rendición de cuentas, regulación del lobby y manejo adecuado del conflicto de intereses, implantación del voto nominal, cerrar las posibilidades a la filtración de intereses indebidos de grupos legales e ilegales en la formación de las leyes; y de otro lado, hacer más transparente los ingresos y gastos de campañas electorales y partidos, y reformar el sistema electoral colombiano. Los partidos y movimientos políticos deben ser fortalecidos institucionalmente y deben abrirse a la inspección pública y asumir responsabilidad por las actuaciones de sus candidatos y representantes en cargos de elección popular, de forma que se restablezca la confianza ciudadana en el ejercicio ético de la política.
Transparencia por Colombia tiene la firme convicción de que es posible avanzar de manera sustantiva en la superación de estos desafíos, con el compromiso decidido y la acción articulada de funcionarios públicos, empresarios, organizaciones civiles y ciudadanos.
La corrupción tiene un efecto profundo y destructor sobre las sociedades, puede acabar con todo, incluso con la esperanza de miles de hombres, mujeres, jóvenes y niños que aspiran un futuro mejor y en paz. Hay que vencer este flagelo. Transparencia por Colombia sabe que no existen recetas mágicas y ni sencillas para combatir la corrupción, sin embargo, invierte talento, recursos y persiste en la tarea de entregar a las generaciones futuras una Colombia libre de corrupción. Y espera poder contactar con el concurso de sus miembros, aliados, donantes y actores destacados del Estado, el sector privado y la ciudadanía en esta causa mayor.

http://www.transparenciacolombia.org.co/

La vivienda en Bogotá

La realidad de la vivienda en Bogotá, es crítica y compleja. Es el resultado de una ciudad diseñada con criterios excluyentes, de la cual surgen dos o más urbes: la planeada para los poderosos, y la que los negados tuvieron que diseñar y construir palmo a palmo. El Plan de Ordenamiento Territorial precisa que del territorio construido de la ciudad, 6.906 hectáreas fueron urbanizadas de manera “ilegal”, construyéndose 1.553 barrios donde habitan cerca de 401.285 predios ocupados aproximadamente por 1’400.000 habitantes.

Pero la lucha por un espacio digno aún no termina: existen en Bogotá 400 mil familias sin vivienda, habitando inquilinatos, desplazándose una y otra vez de barrio en barrio en busca de una casa arrendada más barata. Pero también hay millares de familias que nunca han podido terminar totalmente su habitación o que requieren ampliarla para que todos sus miembros la ocupen en mejores condiciones.
La entidad distrital responsable de canalizar y resolver estas demandas es la Caja de Vivienda Popular (CVP). Para ello cuenta con el Programa Mejoramiento Integral de Barrios - PMIB-; el Programa de Mejoramiento de Vivienda -PMV-, y el Programa de Reasentamiento de Familias y

Programa de Titulación.
Programa de mejoramiento integral de barrios
Este Programa pretende la realización de sus objetivos (mejoramiento y consolidación del territorio), articulando la población residente en los asentamientos y esperando en esta forma el fortalecimiento de la interacción institucional.
La sostenibilidad de los objetivos específicos se suscriben a la generación de capital social, es decir a los esfuerzos de las comunidades para su financiamiento, sin que aparezcan inversiones financieras de la administración distrital.
Para el caso de las localidades de Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal y Usme, existe el Proyecto Sur con Bogotá, acuerdo de cooperación firmado entre el gobierno Alemán (a través del banco KFW), Planeación Distrital y la empresa de Acueducto de Bogotá, Programa adscrito a la Caja de Vivienda Popular. Para cofinanciar el mejoramiento de barrios de estas localidades se dispone a 2007 de $77.600 millones de pesos. Pese a contar con el aporte de otras entidades en recursos humanos y financiación, los responsables de este Proyecto no ha propiciado una interlocución con las comunidades en términos de inversión, propio de una democracia, que permita el control real de las comunidades sobre el manejo de estos recursos.
Programa de mejoramiento de vivienda

El alcalde Lucho Garzón en su campaña hizo énfasis en el creciente déficit de vivienda que calculó en su momento para 400 mil familias. Con base en esta estadística de campaña prometió subsidio distrital para 70.000 viviendas tipo 1 durante los cuatro años de su administración. Han transcurrido año y medio y a la fecha no se ha visto voluntad política alguna del Concejo, a pesar de la presencia importante de la bancada del Polo Democrático Independiente, que no ha logrado la aprobación de un acuerdo en este sentido, ni el Alcalde lo ha formulado por decreto.
Mientras las necesidades de la población se acrecientan, gracias al continuo desplazamiento forzado y a la movilidad social -muchas familias de estratos superiores también se están desplazando hacia estratos inferiores-, la administración distrital no rompe las amarras heredadas, no se decide a implementar políticas que de verdad confronten a los especuladores urbanos y a los constructores privados.
El programa de mejoramiento de vivienda CVP, se planteó como objetivo el desarrollo de acciones, para una mayor eficiencia en la producción social de vivienda de los sectores 1 y 2 de origen “ilegal”, olvidando de esta forma la existencia de los estratos 0 y -1, evidentes en los barrios más pobres de Bogotá.
Y es que la normatividad se ha convertido en un pretexto recurrente, para desestimular la búsqueda de soluciones de las comunidades, justificando su inactividad ante la ausencia de políticas fundamentadas en principios claros capaces de desatar soluciones definitivas a las necesidades de las comunidades, ratificando así que tales soluciones solo se lograran con el empoderamiento de la comunidad.
En síntesis, la Caja de Vivienda Popular es una entidad incapaz de acometer programas de mejoramiento de vivienda dado que sus objetivos no superan el asistencialismo, razón de ser como institución, pues no toca el fondo del problema que tiene que vercon las causas sociales generadoras de violencia y miseria en los barrios populares. Entonces, sin pretender ahogar la esperanza de nadie, las comunidades no deben fincar esperanzas en instituciones como estas. Por el contrario, deben demandan y construir nuevas instituciones que cuenten con su dirección, organización y sentir.
Titulación
El programa de titulación de la actual administración, al igual que todos los programas de la CVP, no han contado con un compromiso claro y definitivo de esta entidad. A la fecha, transcurridos más de 16 meses de la nueva administración de la ciudad no se ha iniciado ni siquiera un proceso de pertenencia de inmueble alguno.
Los 2.500 procesos de titulación o pertenencia desarrollados, manteniéndose vigentes muchos de ellos, se iniciaron en la administración de Antanas Mokus, siendo para la CVP irrelevante la existencia de los 135.000 predios sin título (escritura pública) que existen en la ciudad de Bogotá.
No es desconocido que el asentamiento de la población en 1.600 barrios de Bogotá, se hizo mediante la toma u ocupación de los lotes de engorde, propiedad de los especuladores de la tierra. Tampocoes desconocido que los “afectados“ recurren a todo tipo de maniobras jurídicas y favoritismo, para recuperar parte de su supuesto detrimento patrimonial, mientras colocan demandas administrativas para el logro de cuantiosas indemnizaciones pertinentes. A lo anterior ha servido de caja de resonancia la CVP, cuando respalda las negociaciones directas con los especuladores de las tierras, desconociendo los mismos pronunciamientos del Consejo de Estado que señala que los especuladores deben hacer reconocer sus derechos en las demandas de pertenencia que desarrollen las comunidades.

En la actualidad la CVP se niega a acometer procesos de pertenencia o titulación, quedando las comunidades expuestas a las decisiones buenas o malas de los profesionales del derecho.
Ante esta realidad, sugerimos a las comunidades, organizarse alrededor de las Juntas de Acción Comunal, presionar para que estas cumplan con su misión social, buscar organizaciones de vivienda popular que realicen la interventoría, y garantizar la transparencia en el manejo de los recursos por la comunidad, disponiendo -en coordinación con sus organizaciones sociales- los respectivos desembolsos de honorarios de abogados y demás gastos procesales, los que deberán contaran con sus respectivas pólizas de garantía.

Carlos Llanos

Educación Pública en Bogotá: Nivelando por lo bajo!

Un artículo reciente en The Economist (Julio 16 de 2009) comenta acerca de la reforma educativa que se está llevando a cabo en la ciudad de Boston y en el Estado de Massachusetts. A pesar de ser el estado con los mejores niveles educativos de USA y donde los alumnos de escuelas públicas obtienen los puntajes más altos de matemáticas y comprensión de lectura del país; tanto el alcalde como el gobernador están enfocando sus esfuerzos en reformar el sistema de educación pública. Ambos están buscando incrementar el número de colegios en concesión (charter schools) y la creación de nuevos tipos de escuelas que sean manejadas a través de socios externos como Universidades. Entre las razones detrás de estas propuestas está el hecho de que diversos estudios en ese país han demostrado la mayor efectividad y mejor calidad de la educación que estos colegios en concesión tienen al comprarlos con los otros colegios públicos. Incluso, Arne Duncan, el Secretario de Educación de Barak Obama, está ofreciendo US$ 5 billones a ciudades y estados que innoven sus sistemas de educación pública y sugiere que una forma de hacerlo es incrementando el número de colegios en concesión.

Aunque no todos lo saben, Bogotá en el año de 1999 lanzó un programa de colegios en concesión creando un total de 25 colegios públicos que serían administrados por el sector privado con socios como Universidades y colegios de la mayor calidad académica. Estos colegios se crearon en los sectores más pobres y vulnerables de la ciudad, caracterizados por tener una baja oferta educativa y en donde la totalidad de los hogares residentes en la zona son familias de escaso recursos. A pesar de estas características varios estudios, como por ejemplo Barrera (2007), han demostrado la efectividad de estos colegios al compararlos con otros colegios del sistema público. En ellos se ha disminuido la tasa de deserción, los resultados de los estudiantes en pruebas estandarizadas como el ICFES son mayores y tienen efectos positivos de spill-over en colegios públicos vecinos. Lastimosamente, durante la administración de Garzón se decidió congelar este programa argumentando entre otras cosas que estos colegios creaban inequidades dentro de los estudiantes de colegios públicos. Claro!!! Nivelemos por lo bajo!!! Esas son las políticas que nos van a sacar adelante! Espero que la próxima administración (o esta si deja de echar globos) recapacite respecto a este tema y permita su continuidad. Más aun, espero que al igual que Boston y Massachusetts traten de expandirlo.

Por: Catherine Rodriguez

Los jóvenes en la política

Hoy se configura como política de Estado incorporar a jóvenes en espacios de decisión de gobierno, presentándolos, mujeres y varones, en las listas que participan en procesos electorales.Según las estadísticas más de un tercio somos jóvenes.

A pesar de defender y respetar la democracia y los valores que ella conlleva, nuestra participación ha sido mínima y mediatizada en su real dimensión.

El diezmo juvenil tiene como finalidad precisa autorizar medidas que, aunque sean discriminatorias en apariencia, están destinadas a reducir las desigualdades de hecho que pudieran existir en la realidad. Permitirá aumentar rápidamente el número de candidatos juveniles, generando así un efecto reflejo hacia otros jóvenes, incentivando su participación política.

Aunque la mayoría de las constituciones modernas consagran la igualdad de oportunidades, en la práctica, la situación de los jóvenes continúa siendo desfavorable, debido a su situación cultural, social, económica y política.
Por otro lado, hay quienes sostienen que el diezmo juvenil podría ser inconstitucional, además de ser manipulado por quienes ostentan el poder en instancias políticas partidarias o gubernamentales.

Es fundamental asegurar la participación efectiva de los jóvenes en la toma de decisiones de gobierno mediante una ley, más allá de que un partido político fije una cuota en sus estatutos o reglamentos.

En toda democracia moderna las políticas de Estado buscan la legitimidad y ser representativas.
La participación política busca influenciar de manera directa en los diferentes organismos del Estado; así al empoderar jóvenes podremos tomar decisiones sobre asuntos que tienen impacto en nuestras vidas a través del acceso a educación, empleo, salud, recursos como tierra o créditos.
Queremos una participación estructurada y directa de los jóvenes, que abarque de manera continua un período mayor y que implique un contacto directo con los organismos que toman decisiones.

Tenemos una paradoja: O nos integramos a la sociedad existente o la transformamos. Aspiramos a participar plenamente en la sociedad, por ello es que contribuimos a la adopción de mejores decisiones y al logro de resultados más satisfactorios y democráticos, promoviendo la integración y la cohesión de la sociedad.

Somos agentes clave para el cambio social, el desarrollo económico y la innovación tecnológica, debemos vivir en condiciones que impulsen nuestra imaginación, ideales, energía y nuestra visión para que florezcan en beneficio de sus sociedades.
Nuestra participación esta alcanzando mayor atención en los foros internacionales, pues hemos demostrado que podemos inyectar valores sociales y nociones de equidad en los debates.
El Perú se ha comprometido a promover el derecho que tenemos los jóvenes de participar y ser empoderados. En Ecuador, Venezuela, Colombia, España, Guatemala, y virtualmente por todo el mundo estamos haciendo esta campaña, que más que una medida justa, es necesaria, ya que generará cambios en las estructuras del Estado, dándole poder de decisión a la gente joven y desde luego capaz .

Por Christian Pardo Reyes (Perú)*

La seguridad en Bogotá

Como lo muestra el estudio 'La experiencia de Bogotá en la reducción de la criminalidad 1994 - 2002', publicado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, entre 1961 y 1979 las tasas de homicidios por cada 100.000 habitantes a nivel nacional y distrital tuvieron una evolución similar y en Bogotá se mantuvieron en niveles relativamente bajos. La situación cambió radicalmente durante los años 80 y principios de los 90, cuando esas tasas tuvieron un enorme crecimiento y alcanzaron sus niveles más altos entre 1992 y 1993. Con posterioridad a esa fecha los homicidios en Bogotá comenzaron a disminuir de forma constante año tras año, tendencia que se consolidó de manera notable entre 1997 y 2003, presentando la ciudad en ese lapso de tiempo logros inéditos al reducir significativamente los homicidios y generar una marcada diferencia con respecto a las tendencias nacionales. Mientras en Bogotá este delito se aminoraba, en el país se mantenía en los altos niveles de comienzos de los 90. Ese logro sin precedentes obtenido durante las administraciones encabezadas por Antanas Mockus y Enrique Peñalosa estuvo acompañado de reducciones igualmente notables en atracos, hurtos a establecimientos comerciales, bancos y residencias. Aunque en otros delitos como las lesiones personales con incapacidad mayor a 30 días y el hurto a automotores no se tuvieron los mismos resultados de excelencia, estos casos fueron la excepción a la regla y los logros obtenidos marcaron un antes y un después en materia de seguridad y convivencia en la capital. De esa manera se consolidó en la ciudadanía la certeza de vivir en una Bogotá cada vez más segura y parecía imposible que esas tendencias positivas no continuaran.
¿Qué es entonces lo que ha llevado a que esos éxitos acumulados durante más de una década estén debilitándose como lo muestran los resultados de las encuestas de percepción, los cálculos efectuados por Hugo Acero y los escandalosos datos reportados en lesiones y hurtos que hacen parte de las llamadas pequeñas causas? Un primer factor lo constituye el abandono durante la administración Garzón de la política integral de cultura ciudadana, al parecer no por voluntad de Lucho sino por la precaria visión que permeó a buena parte de la burocracia distrital del momento, según la cual era necesario "superar" la cultura ciudadana para enfatizar más en los derechos que en los deberes de las personas (como si estos en lugar de complementarse se excluyeran), y según la cual no debían continuarse políticas que dieran réditos políticos a los alcaldes anteriores. Es decir, una política que había sido definitiva para obtener logros históricos en seguridad fue desconocida por la pobreza en lo ideológico y la mezquindad en lo político. Una de las grandes cualidades de Lucho es su capacidad para reconocer errores y limitaciones, como lo hizo en el libro-entrevista realizado con Julio Sánchez Cristo al final de su mandato, cuando dijo: "hemos abandonado mucho la cultura ciudadana... y si hay una crítica dura es que algunos referentes de los que trabajó Antanas los descuidamos en esta administración".
Un segundo factor fue la confusión entre autoridad y autoritarismo durante la administración Garzón, que llevó a debilitar la imagen de autoridad del Alcalde y que junto con un discurso de derechos en el que los deberes ocupaban poco espacio, produjo lo que estamos viviendo de nuevo: cada cual hace lo que le parece, así viole normas básicas de convivencia y atropelle los derechos ajenos. Ya no se respetan los semáforos, ni los andenes, ni las cebras, se arroja basura al espacio público y se considera legítimo saltarse los límites de los que tanto hablaba Antanas o agredir los derechos de los otros en el espacio público al que tanto valor le otorgó Peñalosa. Cuando en el imaginario colectivo todo ello es válido, resulta mucho más fácil para algunos traspasar también los límites del delito.
Un tercer factor es que la ciudad ya no cuenta con instrumentos fiables para monitorear el comportamiento de la seguridad, desde que se modificaron las fuentes de información que se habían mantenido durante casi una década, lo cual ha llevado a situaciones como la de analizar algunos delitos con cifras no comparables. Si las cifras no son comparables, sencillamente no es posible afirmar que estamos mejorando y al carecer de un sistema de evaluación confiable, es imposible acertar.
A todo lo anterior se han venido a sumar de forma coyuntural algunas actitudes poco constructivas del actual Alcalde que insiste en hacer creíble lo increíble (no hay crisis, es sólo un problema de percepción), reclama con razón responsabilidades en la policía, la justicia o el gobierno nacional, pero no asume las debilidades de su administración y politiza el debate al plantear que la raíz del problema es que lo quieren atacar políticamente.
Algunos creen que en buena medida los problemas de seguridad son producto de la pobreza. Valga la pena acotar que diversos estudios comparativos apoyados por las Naciones Unidas en Centroamérica muestran que no es la pobreza lo que activa la inseguridad sino las desigualdades que resultan ofensivas y la falta de eficacia y credibilidad de las instituciones. Bogotá es un buen ejemplo del equívoco de ese supuesto: tenemos menos pobres pero más inseguridad que hace 5 años.
La actual administración distrital tiene más de tres años por delante y está más que a tiempo para retomar los factores de éxito del pasado, mejorarlos e innovar con respecto a ellos. Sin duda, la Secretaría de Gobierno y el Alcalde Mayor están trabajando intensamente en el tema de seguridad, realizando concejos, identificando y planificando la intervención en zonas críticas, celebrando pactos, preparando proyectos. Pero, dado que no por mucho madrugar amanece más temprano, para generar reales avances quizás se requieran mayores énfasis en temas como, por ejemplo, el análisis histórico y más detallado de la seguridad en la ciudad, el reconocimiento de los problemas en su verdadera dimensión sin pretender concluir de antemano que todo marcha bien, la concreción de alianzas estratégicas y estables con las entidades y sectores que tienen que ver con la seguridad en la ciudad porque, como bien dice el Alcalde, el enemigo está afuera de las instituciones, o el desarrollo de una interlocución más sistemática y mejor organizada con la ciudadanía que permita avanzar mucho más allá del ejercicio que se realiza por estos días a través de los llamados Concejos Locales de Seguridad.
Como ha insistido el actual Alcalde de la ciudad (al igual que lo hicieron sus antecesores), la seguridad y la convivencia demandan enfoques claros e integrales, y el concurso de múltiples actores. Es de esperar que así sea para que se formulen y ejecuten proyectos de seguridad y convivencia bien estructurados, se obtengan resultados palpables por los ciudadanos en un tiempo prudencial y podamos dejar de asistir a lastimosas discusiones sobre quién convoca los concejos de seguridad, qué decía una carta del Ministro de Defensa o si resulta conveniente o no debatir este tipo de asuntos públicamente.

* Profesor, consultor
Jairo Chaparro Valderrama *

¿Cual es el Compromiso Político de los Cristianos?

Ante la actual campaña proselitista de los partidos políticos, la cual debemos soportar día y noche, día tras día, debemos tener una visión verídica de los acontecimientos sociales, políticos, culturales y económicos que sufra nuestra realidad nacional. Algunos Cristianos dicen que “No tenemos que meternos en política, porque eso es cosa del mundo. Estos cristianos no han entendido que la misión que Jesús nos confió, es ser luz del mundo, sal de la tierra y levadura en las masas (Mt 5, 13-14), es decir, se agentes de cambio, de transformación en medio del mundo, trabajando por una sociedad mas justa y humana, en la que se viva la voluntad de Dios.

Para otros, la política parece una actividad poco limpia, como un medio de enriquecimiento que favorece la corrupción. Pero en realidad, ¿Sabemos que es la política? ¿Que concepto de política debemos tener como Cristianos? ¿Debemos hablar de política los Cristianos? En realidad al hablar con muchos Cristianos de cualquier denominación, sobre dicho tema, nos damos cuenta que la gran mayoría no tiene bien definido un concepto sobre este tema, y que prefiere evadirlo o no opinar al respecto, que la iglesia y la política no deben convivir como tal.
Hoy es necesario recuperar la dignidad de la vocación política.

Generalmente se usa el termino “Política” para designar el arte de gobernar bien el estado (La Polis), mas específicamente es el ejercicio del poder publico, en vista del bien común, es decir de aquellas condiciones sociales, jurídica, económicas y culturales que permitan a los individuos, poderse desarrollar libremente. La noción de la política como un servicio por el bien público es evidente, puesto que este es el motivo que justifica la autoridad específica de dicha acción, por ello todos los humanos somos seres políticos “Zoom Politikon”.

La tarea política es ayudar a que la humanidad cambie y mejore, por la política se busca que existan condiciones, para que todos los hombres y mujeres vivan con dignidad en libertad y que a nadie le falte lo necesario para vivir: tierra, trabajo, salarios dignos, vivienda, educción, salud, etc.
No hay que confundir política en el sentido amplio, que es derecho de todo ciudadano participar en ella. Toda mujer y hombre, creyente o no creyente, debe ser y es político en sentido que se preocupa y compromete por el bien de la sociedad.
La política puede ser buena o mala según sea su proyecto socioeconómico y los políticos que la promuevan. De donde deduce que hay dos clases políticas:

1. La que defiende los privilegios e intereses económicos de una minoría poderosa, en estrecha alianza con los sectores mas reaccionarios del gobierno y las compañías multinacionales, a través de programas que excluyen y marginan a los mas indefensos de la sociedad.

2. La clase política que en sus programas buscas el desarrollo de la justicia en libertad, el respeto, la promoción de los derechos humanos de toda la sociedad (sin distinción alguna de clase sociales, credo, raza, sexo etc.), de esta manera se identifica con el evangelio, lo más importante es la dignidad humana. El desarrollo de la persona humana en su dimensión material y espiritual.

Aire y problemas ambientales de Bogotá !

Por, Néstor Y. Rojas, PhD. Profesor Asociado, Universidad Nacional de Colombia

La calidad del aire es uno de los factores de importancia en la determinación del índice de calidad de vida de un centro urbano. Una ciudad con buena calidad del aire es preferible para vivir y más atractiva para las inversiones al ser comparada con otras ciudades con condiciones similares de ingreso, acceso a bienes y servicios y oportunidades de empleo pero con aire contaminado.

Un aire de baja calidad o aire contaminado es aquel que produce una evidencia perceptible o medida de poco bienestar, v.g.: visibilidad reducida, suciedad en edificaciones, afectaciones a la naturaleza o perjuicios sobre la salud. En centros urbanos con altas concentraciones de población y la alta ocurrencia de procesos productivos, la afectación a la salud resulta ser la consecuencia más importante de la contaminación del aire.

SITUACIÓN ACTUAL DE LA CALIDAD DEL AIRE EN BOGOTÁ

La Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá – RMCAB – ha llevado un registro
de las concentraciones de los contaminantes “criterio” desde 1997, el cual ha proporcionado las siguientes conclusiones:

• El PM10 es el contaminante con mayor índice de excedencias de la norma de calidad del aire, seguido por el ozono.
• Las concentraciones de óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, hidrocarburos totales y monóxido de carbono presentan pocas o ninguna excedencia de la norma.
• Las concentraciones de PM10 no han mostrado una tendencia clara de reducción o aumento en los 10 años de operación de la red. Aunque existió una tendencia de reducción al introducir diesel de 1200 ppm de azufre en 2000, lamentablemente la concentración de PM10 volvió a aumentar a partir de 2003, probablemente debido al crecimiento industrial y a la utilización de carbón a cambio de gas natural.

La influencia de los vehículos particulares, que funcionan en su mayor parte con gasolina, se manifiesta en las concentraciones de CO, mientras que los vehículos de transporte público, movidos por motores diesel, influyen claramente en las concentraciones de PM10 (evidencias del día sin carro y días de paro de transporte público).
• La zona occidental de la ciudad, particularmente en las localidades de Puente Aranda, Kennedy y Fontibón, presenta las mayores concentraciones de contaminantes, especialmente de material particulado.
• A pesar de que la concentración de contaminantes en varias estaciones de la ciudad se encuentra por debajo de los niveles máximos permisibles definidos por las normas colombianas de calidad del aire, dicha concentración resulta inaceptable de acuerdo con los estándares recomendados por la Organización Mundial de la Salud – OMS – en su actualización de 2005.

! LLEGO EL TIEMPO BOGOTA !

Queridos amigos, amigas y seguidores de esta nueva vision, el dia de hoy tocaremos un tema delicado y que ha sido poco valorado en sus dimensiones, y que si bien es un tema legislado, es hora de comprender el valor y la responsabilidad, del regalo que Dios nos ha encomendado nuestros recursos.

JORGE LASTRA, es un convencido de que el control existente debe ser reforzado aun mas, que la legislacion existente tal como el Decreto 948 de 1995 y el Decreto 979 de 2006, han avanzado en la proteccion, pero ha faltado una verdadera campaña de concientizacion ciudadana del valor de nuestros recursos Renovables y No Renovables, por ello desde el Congreso nuestra batalla sera por crear espacios de manera obligatoria en las Escuelas y Universidades de concientizacion y preparacion de nuestros ciudadanos en la racionalizacion y utilizacion de nuestros recursos, resultado de esto seran ciudades mas limpias y un futuro mas agradable a nuestro hijos.

! ES HORA DE INTERIORIZAR VALORES , QUE SEAN PRINCIPIOS PARA UN CAMBIO EN COLOMBIA, ES HORA DE HACER UN PACTO POR BOGOTA !