Como lo muestra el estudio 'La experiencia de Bogotá en la reducción de la criminalidad 1994 - 2002', publicado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, entre 1961 y 1979 las tasas de homicidios por cada 100.000 habitantes a nivel nacional y distrital tuvieron una evolución similar y en Bogotá se mantuvieron en niveles relativamente bajos. La situación cambió radicalmente durante los años 80 y principios de los 90, cuando esas tasas tuvieron un enorme crecimiento y alcanzaron sus niveles más altos entre 1992 y 1993. Con posterioridad a esa fecha los homicidios en Bogotá comenzaron a disminuir de forma constante año tras año, tendencia que se consolidó de manera notable entre 1997 y 2003, presentando la ciudad en ese lapso de tiempo logros inéditos al reducir significativamente los homicidios y generar una marcada diferencia con respecto a las tendencias nacionales. Mientras en Bogotá este delito se aminoraba, en el país se mantenía en los altos niveles de comienzos de los 90. Ese logro sin precedentes obtenido durante las administraciones encabezadas por Antanas Mockus y Enrique Peñalosa estuvo acompañado de reducciones igualmente notables en atracos, hurtos a establecimientos comerciales, bancos y residencias. Aunque en otros delitos como las lesiones personales con incapacidad mayor a 30 días y el hurto a automotores no se tuvieron los mismos resultados de excelencia, estos casos fueron la excepción a la regla y los logros obtenidos marcaron un antes y un después en materia de seguridad y convivencia en la capital. De esa manera se consolidó en la ciudadanía la certeza de vivir en una Bogotá cada vez más segura y parecía imposible que esas tendencias positivas no continuaran.
¿Qué es entonces lo que ha llevado a que esos éxitos acumulados durante más de una década estén debilitándose como lo muestran los resultados de las encuestas de percepción, los cálculos efectuados por Hugo Acero y los escandalosos datos reportados en lesiones y hurtos que hacen parte de las llamadas pequeñas causas? Un primer factor lo constituye el abandono durante la administración Garzón de la política integral de cultura ciudadana, al parecer no por voluntad de Lucho sino por la precaria visión que permeó a buena parte de la burocracia distrital del momento, según la cual era necesario "superar" la cultura ciudadana para enfatizar más en los derechos que en los deberes de las personas (como si estos en lugar de complementarse se excluyeran), y según la cual no debían continuarse políticas que dieran réditos políticos a los alcaldes anteriores. Es decir, una política que había sido definitiva para obtener logros históricos en seguridad fue desconocida por la pobreza en lo ideológico y la mezquindad en lo político. Una de las grandes cualidades de Lucho es su capacidad para reconocer errores y limitaciones, como lo hizo en el libro-entrevista realizado con Julio Sánchez Cristo al final de su mandato, cuando dijo: "hemos abandonado mucho la cultura ciudadana... y si hay una crítica dura es que algunos referentes de los que trabajó Antanas los descuidamos en esta administración".
Un segundo factor fue la confusión entre autoridad y autoritarismo durante la administración Garzón, que llevó a debilitar la imagen de autoridad del Alcalde y que junto con un discurso de derechos en el que los deberes ocupaban poco espacio, produjo lo que estamos viviendo de nuevo: cada cual hace lo que le parece, así viole normas básicas de convivencia y atropelle los derechos ajenos. Ya no se respetan los semáforos, ni los andenes, ni las cebras, se arroja basura al espacio público y se considera legítimo saltarse los límites de los que tanto hablaba Antanas o agredir los derechos de los otros en el espacio público al que tanto valor le otorgó Peñalosa. Cuando en el imaginario colectivo todo ello es válido, resulta mucho más fácil para algunos traspasar también los límites del delito.
Un tercer factor es que la ciudad ya no cuenta con instrumentos fiables para monitorear el comportamiento de la seguridad, desde que se modificaron las fuentes de información que se habían mantenido durante casi una década, lo cual ha llevado a situaciones como la de analizar algunos delitos con cifras no comparables. Si las cifras no son comparables, sencillamente no es posible afirmar que estamos mejorando y al carecer de un sistema de evaluación confiable, es imposible acertar.
A todo lo anterior se han venido a sumar de forma coyuntural algunas actitudes poco constructivas del actual Alcalde que insiste en hacer creíble lo increíble (no hay crisis, es sólo un problema de percepción), reclama con razón responsabilidades en la policía, la justicia o el gobierno nacional, pero no asume las debilidades de su administración y politiza el debate al plantear que la raíz del problema es que lo quieren atacar políticamente.
Algunos creen que en buena medida los problemas de seguridad son producto de la pobreza. Valga la pena acotar que diversos estudios comparativos apoyados por las Naciones Unidas en Centroamérica muestran que no es la pobreza lo que activa la inseguridad sino las desigualdades que resultan ofensivas y la falta de eficacia y credibilidad de las instituciones. Bogotá es un buen ejemplo del equívoco de ese supuesto: tenemos menos pobres pero más inseguridad que hace 5 años.
La actual administración distrital tiene más de tres años por delante y está más que a tiempo para retomar los factores de éxito del pasado, mejorarlos e innovar con respecto a ellos. Sin duda, la Secretaría de Gobierno y el Alcalde Mayor están trabajando intensamente en el tema de seguridad, realizando concejos, identificando y planificando la intervención en zonas críticas, celebrando pactos, preparando proyectos. Pero, dado que no por mucho madrugar amanece más temprano, para generar reales avances quizás se requieran mayores énfasis en temas como, por ejemplo, el análisis histórico y más detallado de la seguridad en la ciudad, el reconocimiento de los problemas en su verdadera dimensión sin pretender concluir de antemano que todo marcha bien, la concreción de alianzas estratégicas y estables con las entidades y sectores que tienen que ver con la seguridad en la ciudad porque, como bien dice el Alcalde, el enemigo está afuera de las instituciones, o el desarrollo de una interlocución más sistemática y mejor organizada con la ciudadanía que permita avanzar mucho más allá del ejercicio que se realiza por estos días a través de los llamados Concejos Locales de Seguridad.
Como ha insistido el actual Alcalde de la ciudad (al igual que lo hicieron sus antecesores), la seguridad y la convivencia demandan enfoques claros e integrales, y el concurso de múltiples actores. Es de esperar que así sea para que se formulen y ejecuten proyectos de seguridad y convivencia bien estructurados, se obtengan resultados palpables por los ciudadanos en un tiempo prudencial y podamos dejar de asistir a lastimosas discusiones sobre quién convoca los concejos de seguridad, qué decía una carta del Ministro de Defensa o si resulta conveniente o no debatir este tipo de asuntos públicamente.
¿Qué es entonces lo que ha llevado a que esos éxitos acumulados durante más de una década estén debilitándose como lo muestran los resultados de las encuestas de percepción, los cálculos efectuados por Hugo Acero y los escandalosos datos reportados en lesiones y hurtos que hacen parte de las llamadas pequeñas causas? Un primer factor lo constituye el abandono durante la administración Garzón de la política integral de cultura ciudadana, al parecer no por voluntad de Lucho sino por la precaria visión que permeó a buena parte de la burocracia distrital del momento, según la cual era necesario "superar" la cultura ciudadana para enfatizar más en los derechos que en los deberes de las personas (como si estos en lugar de complementarse se excluyeran), y según la cual no debían continuarse políticas que dieran réditos políticos a los alcaldes anteriores. Es decir, una política que había sido definitiva para obtener logros históricos en seguridad fue desconocida por la pobreza en lo ideológico y la mezquindad en lo político. Una de las grandes cualidades de Lucho es su capacidad para reconocer errores y limitaciones, como lo hizo en el libro-entrevista realizado con Julio Sánchez Cristo al final de su mandato, cuando dijo: "hemos abandonado mucho la cultura ciudadana... y si hay una crítica dura es que algunos referentes de los que trabajó Antanas los descuidamos en esta administración".
Un segundo factor fue la confusión entre autoridad y autoritarismo durante la administración Garzón, que llevó a debilitar la imagen de autoridad del Alcalde y que junto con un discurso de derechos en el que los deberes ocupaban poco espacio, produjo lo que estamos viviendo de nuevo: cada cual hace lo que le parece, así viole normas básicas de convivencia y atropelle los derechos ajenos. Ya no se respetan los semáforos, ni los andenes, ni las cebras, se arroja basura al espacio público y se considera legítimo saltarse los límites de los que tanto hablaba Antanas o agredir los derechos de los otros en el espacio público al que tanto valor le otorgó Peñalosa. Cuando en el imaginario colectivo todo ello es válido, resulta mucho más fácil para algunos traspasar también los límites del delito.
Un tercer factor es que la ciudad ya no cuenta con instrumentos fiables para monitorear el comportamiento de la seguridad, desde que se modificaron las fuentes de información que se habían mantenido durante casi una década, lo cual ha llevado a situaciones como la de analizar algunos delitos con cifras no comparables. Si las cifras no son comparables, sencillamente no es posible afirmar que estamos mejorando y al carecer de un sistema de evaluación confiable, es imposible acertar.
A todo lo anterior se han venido a sumar de forma coyuntural algunas actitudes poco constructivas del actual Alcalde que insiste en hacer creíble lo increíble (no hay crisis, es sólo un problema de percepción), reclama con razón responsabilidades en la policía, la justicia o el gobierno nacional, pero no asume las debilidades de su administración y politiza el debate al plantear que la raíz del problema es que lo quieren atacar políticamente.
Algunos creen que en buena medida los problemas de seguridad son producto de la pobreza. Valga la pena acotar que diversos estudios comparativos apoyados por las Naciones Unidas en Centroamérica muestran que no es la pobreza lo que activa la inseguridad sino las desigualdades que resultan ofensivas y la falta de eficacia y credibilidad de las instituciones. Bogotá es un buen ejemplo del equívoco de ese supuesto: tenemos menos pobres pero más inseguridad que hace 5 años.
La actual administración distrital tiene más de tres años por delante y está más que a tiempo para retomar los factores de éxito del pasado, mejorarlos e innovar con respecto a ellos. Sin duda, la Secretaría de Gobierno y el Alcalde Mayor están trabajando intensamente en el tema de seguridad, realizando concejos, identificando y planificando la intervención en zonas críticas, celebrando pactos, preparando proyectos. Pero, dado que no por mucho madrugar amanece más temprano, para generar reales avances quizás se requieran mayores énfasis en temas como, por ejemplo, el análisis histórico y más detallado de la seguridad en la ciudad, el reconocimiento de los problemas en su verdadera dimensión sin pretender concluir de antemano que todo marcha bien, la concreción de alianzas estratégicas y estables con las entidades y sectores que tienen que ver con la seguridad en la ciudad porque, como bien dice el Alcalde, el enemigo está afuera de las instituciones, o el desarrollo de una interlocución más sistemática y mejor organizada con la ciudadanía que permita avanzar mucho más allá del ejercicio que se realiza por estos días a través de los llamados Concejos Locales de Seguridad.
Como ha insistido el actual Alcalde de la ciudad (al igual que lo hicieron sus antecesores), la seguridad y la convivencia demandan enfoques claros e integrales, y el concurso de múltiples actores. Es de esperar que así sea para que se formulen y ejecuten proyectos de seguridad y convivencia bien estructurados, se obtengan resultados palpables por los ciudadanos en un tiempo prudencial y podamos dejar de asistir a lastimosas discusiones sobre quién convoca los concejos de seguridad, qué decía una carta del Ministro de Defensa o si resulta conveniente o no debatir este tipo de asuntos públicamente.
* Profesor, consultor
Jairo Chaparro Valderrama *
Jairo Chaparro Valderrama *
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