1. Volver a posicionar la corrupción como prioridad en la agenda pública. La lucha contra la corrupción ha pasado a segundo plano, en un país cuya prioridad es vencer el conflicto armado. La corrupción no es percibida como el mal mayor y los colombianos no parecen percibir las conexiones y los efectos nefastos de este fenómeno sobre la efectividad y legitimidad de las instituciones, la equidad y la justicia social, el acceso a los derechos, la generación y distribución de riqueza, el fortalecimiento de la democracia, y sus propias vidas. La corrupción preocupa por los efectos que produce sobre la sociedad y la institucionalidad.
Las prácticas corruptas impiden lograr los objetivos deseados por el Estado y la sociedad, reducen y ponen en manos de unos pocos, los recursos disponibles para fines colectivos; distorsionan el proceso de decisiones a favor de intereses particulares; contamina el ambiente en el cual opera el sector privado; aumenta los costos de administración de bienes y servicios públicos y privados; debilita el respeto por la autoridad; deteriora la legitimidad de las instituciones y la confianza ciudadana, entre otros efectos nefastos.
2. Vencer el círculo perverso entre violencia, narcotráfico y delincuencia organizada como escenarios para corrupción. El narcotráfico y el fortalecimiento de los grupos armados ilegales como expresiones de la violencia, han conducido al debilitamiento de la gobernabilidad y han movido la frontera de la ética en el país. En consecuencia, han generado un escenario propicio para el auge de la corrupción, y a la vez se ha convertido en un obstáculo para combatirla. Los fenómenos de violencia, narcotráfico y grupos armados ilegales, unidos con la intensidad que los vive Colombia han presionado una mutación mucho más peligrosa de la corrupción: la captura y la reconfiguración cooptada del Estado.
3. Comprender y actuar con decisión y audacia para cerrar las puertas a la captura y la reconfiguración cooptada del Estado. La corrupción en Colombia ha evolucionado a formas más sofisticadas y complejas, los actores son más diversos, organizados y con frecuencia están vinculados a redes delincuenciales con objetivos de largo plazo que buscan afectar aspectos neurálgicos del Estado en sus distintos niveles y poderes. Sus objetivos son estructurales y ambiciosos pues van más allá de lo económico, para buscar la consolidación de poder político y territorial y legitimación social. Combatir este fenómeno creciente que produce efectos corrosivo sobre la sociedad colombiana en sus distintos ámbitos, requiere comprender cómo y dónde se manifiesta y diseñar reformas y medidas más complejas, profundas e integrales que las convencionalmente aplicadas a la lucha contra la corrupción.
4. Romper con la cultura del atajo y la ilegalidad. Algunos avances a favor de la transparencia y en contra de la corrupción, conviven con una cierta tolerancia social de parte de los colombianos a la corrupción. Con frecuencia, los comportamientos no éticos (legales o ilegales) siguen siendo vistos como actos de audacia y astucia. La cultura del atajo, entendida como la obtención de resultados mediante la utilización de métodos ilegales o no éticos sin considerar las consecuencias, tiende a prevalecer en distintos escenarios de la vida pública y privada de los colombianos. De otro lado, una proporción importante de la población justifica la corrupción en función de los fines perseguidos; desconfían de las actuaciones de sus conciudadanos y justifican sus comportamientos no éticos (legales o ilegales) en el inadecuado comportamiento de la mayoría.
5. Ser más estrictos en el cumplimiento de la legislación existente. Colombia ha ratificado Convenciones internacionales anti-corrupción y cuenta con un conjunto amplio y suficiente de lineamientos constitucionales, leyes y normas para avanzar en la lucha contra la corrupción. Si bien, es necesario afinar la legislación existente en algunos aspectos, la tarea inaplazable consiste ser más estrictos en su cumplimiento, y cerrar la brecha que tradicionalmente caracteriza el país, entre la existencia de normas y leyes y su poca aplicación en la práctica. Es necesario aplicar mayores sanciones al incumplimiento e incentivos positivos al cumplimiento efectivo.
6. Estimular una sociedad civil vibrante motivada por el cuidado a lo público. Los ciudadanos cada vez creen menos que es posible derrotar la corrupción. Esto genera un cierto desaliento de parte de los colombianos a exigir mayores compromisos y resultados de parte de los gobernantes y empresarios frente al combate a la corrupción. De otro lado, los ciudadanos si bien tienen una alta percepción de que la corrupción es extensa, no la consideran como uno de los problemas prioritarios que afecta sus vidas de manera directa y contundente, probablemente debido a que no establecen vínculos causales entre la gran corrupción e incluso la amenaza de captura del Estado, y los daños causados a sus vidas en particular o a los bienes y servicios a los cuales accede cada persona. Es necesario hacer esfuerzos orientados a crear conciencia colectiva sobre el impacto nefasto de la corrupción y rechazo social a este fenómeno. Así mismo, es esencial no ahorrar esfuerzos para incentivar la actuación de la sociedad civil organizada en torno al cuidado de lo público, en especial a través de los ejercicios de control social.
7. Los empresarios deben asumir un fuerte y claro liderazgo en la lucha contra la corrupción. El sector privado tiene el reto de asumir un papel protagónico en la búsqueda e implementación de soluciones individuales y colectivas. La condición básica de una empresa socialmente responsable es la conducción de sus negocios con principios éticos y de transparencia. Una forma concreta para que los empresarios asuman su corresponsabilidad en la lucha contra la corrupción, es la puesta en marcha de programas de ética organizacional al interior de sus empresas y extensivos a su cadena de valor, la implementación de esquemas de autorregulación para prevenir el soborno en la gestión empresarial y en particular la adopción de los Principios Empresariales contra el Soborno. El Estado a su vez, debe impulsar medidas para incentivar a que las empresas adopten y cumplan con estándares y prácticas de transparencia e integridad y de prevención del soborno, especialmente entre aquellas empresas que contratan con el Estado, así como limitar o eliminar la posibilidad de que estas últimas hagan contribuciones a las campañas electorales. Y los consumidores deben asumir una actitud responsable en sus prácticas de consumo, premiar las actuaciones éticas y responsables del empresariado y castigar las contrarias. Estas condiciones, impulsadas desde el entorno, pueden afectar notablemente la forma como se relacionan y hacen negocios las empresas, para avanzar hacia un cambio cultural voluntario que propenda por combatir y erradicar el soborno de las relaciones de negocio, con el concurso activo del empresariado, y el interés de un sector público dinámico y vigilante y un mercado que reconoce a las empresas que caminan en esta dirección.
8. Consolidar un sistema de pesos y contrapesos. Es necesario revertir en el país, la tendencia de concentración de poder en el ejecutivo y alcanzar un mayor equilibrio e independencia entre los Poderes, como condición indispensable para el adecuado funcionamiento de un sistema de integridad basado en pesos y contrapesos - donde cada actor vigila y es vigilado-. La lucha contra la corrupción en Colombia requiere que estos controles operen de forma efectiva y que la interacción entre los actores se ciña a reglas democráticas y transparentes.
En particular es esencial elevar la eficacia de los Órganos de Control y la Justicia para investigar y sancionar los hechos de corrupción. La lucha contra la corrupción en Colombia requiere que la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría actúen con eficacia, eficiencia y oportunidad en la prevención de riesgos de corrupción y en la investigación y sanción de los casos. Por su parte, el Consejo Nacional Electoral debe actuar con celeridad e independencia en el ejercicio de su labor de vigilar la actuación responsable de las organizaciones políticas y la transparencia en la financiación de partidos políticos y campañas electorales.
9. Sellar las fisuras de la institucionalidad estatal que expresan los escenarios de riesgo de corrupción en la gestión administrativa de las entidades del orden nacional, departamental y municipal. Si bien Colombia cuenta con una institucionalidad cada vez más sólida y transparente, ésta aún presenta fallas y debilidades en los terrenos de la visibilidad, el cumplimiento de las normas y la existencia de pesos y contrapesos, configuración que favorece la ocurrencia de hechos de corrupción. Estas fisuras si bien están presentes en toda la institucionalidad, tienen sus expresiones más agudas en el nivel territorial. Es urgente entonces equilibrar el desarrollo institucional del país, profundizar la descentralización tanto administrativa como política y, posicionar en ella la lucha contra la corrupción como una de las primeras tareas para el logro de la autonomía local.
10. Recuperar la legitimidad y confianza en la institucionalidad democrática y en la política. La falta de transparencia y rendición de cuentas de los sistemas políticos en Colombia ha llevado a que el Congreso de la República, las Asambleas Departamentales, los Consejos municipales y distritales y los partidos políticos no gocen de la confianza ciudadana y sean percibidos como los más proclives a la corrupción. Estos órganos son escenarios institucionales por excelencia de la democracia local, y en esta medida su falta de legitimidad, atenta contra la democracia. Es necesario impulsar en estos cuerpos mayor transparencia y rendición de cuentas, regulación del lobby y manejo adecuado del conflicto de intereses, implantación del voto nominal, cerrar las posibilidades a la filtración de intereses indebidos de grupos legales e ilegales en la formación de las leyes; y de otro lado, hacer más transparente los ingresos y gastos de campañas electorales y partidos, y reformar el sistema electoral colombiano. Los partidos y movimientos políticos deben ser fortalecidos institucionalmente y deben abrirse a la inspección pública y asumir responsabilidad por las actuaciones de sus candidatos y representantes en cargos de elección popular, de forma que se restablezca la confianza ciudadana en el ejercicio ético de la política.
Transparencia por Colombia tiene la firme convicción de que es posible avanzar de manera sustantiva en la superación de estos desafíos, con el compromiso decidido y la acción articulada de funcionarios públicos, empresarios, organizaciones civiles y ciudadanos.
La corrupción tiene un efecto profundo y destructor sobre las sociedades, puede acabar con todo, incluso con la esperanza de miles de hombres, mujeres, jóvenes y niños que aspiran un futuro mejor y en paz. Hay que vencer este flagelo. Transparencia por Colombia sabe que no existen recetas mágicas y ni sencillas para combatir la corrupción, sin embargo, invierte talento, recursos y persiste en la tarea de entregar a las generaciones futuras una Colombia libre de corrupción. Y espera poder contactar con el concurso de sus miembros, aliados, donantes y actores destacados del Estado, el sector privado y la ciudadanía en esta causa mayor.
