La democracia en Colombia está en peligro

Un grupo de colombianas y colombianos, provenientes de grupos políticos, movimientos sociales y organizaciones no-gubernamentales de diversos orígenes y creencias, nos hemos reunido para conformar una CONFLUENCIA POR LA DEMOCRACIA Y CONTRA LA GUERRA, sobre la base de dos ideas centrales: la defensa del estado social y democrático de derecho y el rechazo contundente a la guerra en todas sus formas y manifestaciones.
Por un lado, los grupos insurgentes en su pretensión de llevar la guerra a las ciudades y de atacar la democracia local, están incurriendo en acciones abiertamente terroristas que constituyen crímenes de lesa humanidad, alejan las posibilidades de la solución negociada al conflicto armado y crean un clima de miedo e intimidación generalizado, propicio a la “mano dura” y al autoritarismo.

Prácticas sistemáticas como el secuestro, la siembra de minas antipersonales y el uso de cilindros y carros-bomba desconocen las más mínimas normas humanitarias y contribuyen a su aislamiento político.

Por su parte, el gobierno del Presidente Uribe pretende desmontar los avances constitucionales de 1991 referentes a los derechos fundamentales, la división delos poderes, la independencia de la justicia y el control constitucional; para lo cual ha presentado varias propuestas legislativas que se traducen en una grave amenaza contra los principios democráticos que rigen nuestro Estado Social de Derecho. Su programa de “seguridad democrática” y las medidas dictadas bajo la conmoción interior -declarada inexequible por la Corte Constitucional- como las llamadas “zonas de rehabilitación” y la red de informantes, involucran directamente a la población civil en las hostilidades, en contravía del derecho internacional humanitario y demuestran su ineficacia para derrotar a los violentos. Mientras tanto, la presencia creciente de tropas norteamericanas atiza el espiral de la guerra.

La Confluencia reconoce y acompaña todo esfuerzo e iniciativa encaminada a solucionar el conflicto armado por la vía del diálogo y la negociación, sin detrimento del monopolio y uso legítimo
de la fuerza por parte del Estado. En tal sentido, llamamos la atención del país y del gobierno
nacional para que el proceso de diálogo y negociación con las “autodefensas” se dirija hacia el
desmonte efectivo del paramilitarismo y sus redes de apoyo, como también al esclarecimiento de la
verdad sobre las atrocidades cometidas, el grado de corresponsabilidad estatal y a la reparación y
justicia para con las víctimas; de esta manera se estaría contribuyendo a la paz duradera. Hasta
ahora, este proceso no tiene tal orientación, ni participación social, y parece encaminarse hacia la
impunidad, tal como se deriva del Decreto 128 de 2003.
La población colombiana requiere urgentemente seguridad. Por ello, nos comprometemos a impulsar una seguridad humana integral, basada en la legitimidad de las instituciones y un orden social justo, construida colectivamente en el más amplio pluralismo, que proteja y beneficie a todos y todas en los ámbitos público y privado.

Proponemos iniciar esta CONFLUENCIA con dos campañas nacionales: Una contra la guerra y el terrorismo y otra por la preservación del proceso democrático iniciado con la Constitución de 1991.

Las principales líneas de acción que proponemos para la construcción de la CONFLUENCIA,son:

POR UNA DEMOCRACIA
Donde se desarrollen y fortalezcan las instituciones estatales para proteger los derechos de la
gente (Corte Constitucional, tutela, Defensoría del Pueblo, Personerías, etc.)
Donde se garantice la libertad de expresión y opinión sin estigmatizaciones
Donde se preserve la civilidad frente a las tentaciones autoritarias (sin poner en entredicho la
separación de los poderes públicos, sin facultades de policía judicial a las fuerzas militares, con
una clara distinción entre civiles y combatientes, sin extender el servicio militar obligatorio a las
mujeres y a los indígenas, sin arbitrariedad en detenciones, allanamientos e interceptaciones de
comunicaciones, por ejemplo)
Donde se enfrente decididamente la discriminación, tanto en los espacios públicos como
privados
SIN HAMBRE
Donde se garantice la seguridad alimentaria de toda la población, con protección del medio
ambiente
Donde se garanticen también los demás derechos básicos para la vida de cualquier persona
(vivienda, salud, educación, trabajo, tierra para los campesinos, por lo menos)
Donde los esfuerzos estatales y sociales (incluidos los empresariales) se concentren en
promover el bienestar, la distribución del ingreso y la superación de la pobreza y de la exclusión
social (a través de impuestos justos, ampliación de derechos laborales, pensión digna, ingreso
básico universal, entre otras medidas)
Y EN PAZ
Sin guerra, ni lucha armada ni terrorismo de ninguna procedencia
Con una firme acción de las autoridades para enfrentar a todos los actores violentos, a favor de
toda la población, con un escrupuloso respeto de los derechos humanos
Donde se promueva la solución política negociada del conflicto armado con la participación
activa de los diversos sectores de la sociedad
Donde se busquen acuerdos humanitarios para proteger a la población civil
Donde se construya la reconciliación sobre las bases de la verdad, la justicia y la reparación.

MOE.org.co

Política social: nuevos enfoques y propuestas

Las fricciones entre el Estado y la sociedad civil, derivadas de las transformaciones estructurales suscitadas en los últimos treinta años, terminaron por derrumbar las instituciones y la sensibilidad social que habían cristalizado en la sociedad desarrollista de mediados del siglo veinte.

Después de un relativamente breve dominio de fórmulas neoliberales ortodoxas, vigentes en los países desarrollados desde la década del 70 e instauradas en América Latina desde los 80, se transitó a un orden dominado por fórmulas socialdemócratas renovadas, que en esencia administran de manera socialmente menos cruenta el modelo neoliberal.

Si bien es cierto la socialdemocracia de los 90, en su versión conservadora como es la conocida Tercera Vía, admite un papel más decisivo del Estado a fin de atenuar las perversiones sociales del mercado, en materia de políticas sociales sus variaciones no son tan decisivas ni profundas, lo que se advierte especialmente en que la definición de pobreza y las maneras de enfrentarla no sufre mayores cambios.

Quizás la discusión a fondo de la cuestión social, es decir las necesidades y demandas producidas en el mundo del trabajo, tal como ha ocurrido en todo punto de inflexión de la sociedad capitalista en sus grandes momentos de modernización, no se ha producido por la incapacidad intrínseca del sistema capitalista para producir modelos alternativos intrasistémicos. A la vez, por la inexistencia de opciones extrasistémicas como fue el caso del socialismo que existió en Europa Oriental.

Las posibilidades de que exista una redefinición de conceptos principales pasa por la existencia de posiciones diferentes tanto teóricas como prácticas, que en el caso de la respuesta neoestructural que sucede a la posición neoliberal ortodoxa no sucede de manera clara y profunda. El consenso en materia económica producido en estas supuestas tendencias teóricas opuestas conduce a implementación de políticas sociales semejantes, puesto que una mayor radicalidad pondría en cuestión el orden económico, lo que no está en la agenda de los administradores del modelo actual.

En este sentido, las posibilidades para una actualización de la cuestión social vigente en el escenario de modernización existente en el mundo desde la década del 70, concerniente a las tensiones producidas en la población asalariada no se han podido realizar, dada la similitud de diagnóstico y formulación de políticas que mantienen los enfoques teóricos en que se basan los sectores políticos dominantes. En este caso hay mucha diferencia respecto al escenario de oposición en que coexistían el liberalismo y el desarrollismo durante las décadas del 40 al 70.

La similitud de diagnóstico en materia económica del enfoque neoliberal y de su alternativa, el neoestructuralismo, reduce las posibilidades de formulación de políticas sociales claramente diferentes, revelando que discutir las características de la nueva cuestión social no es una tarea urgente ni necesaria, mas aún, resultaría tensionante y difícil de asumir en el orden económico actual.

La sociedad actual, sometida al desempleo estructural, a la disminución de tributos privados al Estado, a la inequitativa distribución del ingreso, que produce creciente exclusión social, adquiere carácter sistémico y redefine las relaciones sociales. En este sentido las políticas sociales no se ponen a la altura de los fenómenos actuales y no alcanzan a resolverlos, aun en las sociedades nacionales más progresistas.

De inmensa relevancia en la definición y práctica de la política social es la orientación del gasto social, que marca un carácter central de la acción pública de los gobiernos. En este sentido es notoria la diferencia entre las teorías y prácticas existentes hasta la década del 70 y las que se imponen desde los 80 hasta la actualidad.

Así en Chile, un tema importante, que a la vez define en importante medida el carácter de la política social implementada durante 15 años, fue la focalización del gasto social, congruente con la política subsidiaria del Estado, promovida por el régimen militar, y acorde a sus inspiraciones teóricas y prácticas neoliberales.

Este enfoque terminó con la política social de corte universalista, la que se inspiraba en tradiciones teóricas y filosóficas firmemente arraigadas en la sensibilidad del pensamiento moderno. Sin embargo, éstas daban cuenta de un tipo de sociedad homogénea, compacta, de menor intensidad y velocidad del cambio, escenario en el cual resultaban plausibles dichas acciones públicas.

El carácter de la sociedad actual, los desajustes económicos y sociales producidos por el neoliberalismo, la emergencia de la propuesta neoestructural, y el consenso en materia de política económica, limitan las posibilidades de la acción pública transformadora, originando contradicciones y paradojas entre el discurso y la práctica pública. Estas condiciones objetivas y subjetivas se imponen a las propuestas sociales y transforman, funcionalizándolas, a las necesidades y potencias del orden social.

De este modo pueden explicarse las súbitas transformaciones de propuesta pública, expresado como programa de gobierno, en el caso de la República Argentina en el primer período de Menem, el incumplimiento del programa de gobierno en el caso de Chile desde el gobierno de Aylwin y también en este país en el contraste advertido entre las expectativas de Lagos y las posibilidades reales de que éstas se cumplan.

Las limitaciones derivadas del consenso existente en cuanto a la política económica en el actual orden social, han determinado que los ejes centrales del diseño público impuesto por el neoliberalismo permanezcan como rectores aun cuando sus regímenes ortodoxos hayan sido desplazados por propuestas inspiradas en la nueva socialdemocracia, o tercera vía.

El carácter del Estado, la política internacional, el origen y valorización del capital, hacen que la política pública no pueda sufrir grandes transformaciones, constituyéndose tanto en trabas institucionales como prácticas de las relaciones sociales, determinado una nueva sensibilidad social, un nuevo sentido común. Esto se expresa claramente en que una de las mayores paradojas y contradicciones sea que la alternativa transformadora, sobre la cual existían grandes expectativas para superar los rigores del ajuste neoliberal, no redefina el concepto de pobreza, manteniendo la política de focalización y justificándola en la diferenciación social creciente acorde al nuevo carácter de la sociedad.

La idea subsidiaria de reducir la acción hacia los grupos sociales extremadamente débiles, de acuerdo a la lógica del Estado mínimo, se reproduce en administraciones discursivamente más progresistas en el marco de la sociedad diversa. A la vez, esta definición comienza a expresar nuevos temas de la cuestión social, como es el caso de las clases medias que se excluyen de la atención directa del Estado.

Víctor Guerrero Cossio